12/15/2015
Es importante No leer.
1. El Presidente de la República puede impedir que se dicte una Ley de Amnistía.
Falso. En Venezuela no existe la posibilidad de veto presidencial en contra de una ley sancionada por la Asamblea Nacional. Lo que sí puede hacer el Presidente es presentar observaciones y devolver la ley al parlamento para que considere sus observaciones, pero esto será motivo de un nuevo debate en la Asamblea, que luego remitirá nuevamente la ley para su promulgación, que debe ocurrir obligatoriamente. Si el Presidente decide no promulgar la ley, la AN puede hacerlo con la firma de su Presidente y de los dos Vicepresidentes (razón para no incluir al PSUV en la directiva de la AN).
2. El Presidente puede disolver la Asamblea.
Cierto. Pero única y exclusivamente cuando la AN haya dado voto de censura a tres Vicepresidentes en un mismo período constitucional. Luego de la disolución, debe convocarse una nueva elección en 60 días.
3. El Poder Popular puede someter a la nueva AN
El Poder Popular es una criatura de rango legal. La AN es el órgano constitucional que ejerce el Poder Legislativo Nacional. La AN no puede ser sometida por el PP, ni es constitucionalmente posible transferir las competencias de la AN a alguna organización del PP. La Ley Orgánica del Poder Popular, en todo caso, podría ser reformada o derogada por la nueva AN.
4. La nueva AN puede convocar un Referendo Revocatorio.
Falso. La Constitución establece que la solicitud para la convocatoria a RR debe hacerla el 20% de los electores. Lo que sí puede hacer la AN es dictar una Ley Orgánica de Referendos Revocatorios para delinear muy bien el proceso para la recolección de las firmas, su custodia, la manera de impugnarlas, incluir delitos que puedan evitar la creación de mecanismos de discriminación contra los firmantes y en fin, todos los mecanismos necesarios para que el RR pueda llevarse a cabo sin mayores traumas para la sociedad.
5. La Asamblea Nacional va a resolver los problemas del país.
Tiene un gran poder para ofrecer un nuevo marco legal que pueda dar soluciones a los problemas económicos y sociales que actualmente vivimos, pero el Ejecutivo Nacional, el Gobierno, es el encargado de ejecutar esas leyes correctamente, eso es una competencia exclusiva del Ejecutivo. Ahora que la AN volverá a ejercer su función contralora, los funcionarios públicos deben sentir un mayor compromiso de cumplir con las leyes y administrar correctamente los dineros públicos, pues una AN autónoma puede declarar su responsabilidad política y exigir el ejercicio de acciones legales que puedan corresponder. Todas sus investigaciones tienen valor probatorio en tribunales.
6. Los representantes de los demás Poderes Públicos pueden ser destituidos por la nueva AN
Relativamente cierto. Los Magistrados del TSJ pueden ser removidos por las 2/3 partes de la AN, previa calificación de falta por parte del Poder Ciudadano (Fiscal, Contralor y Defensor del Pueblo) y la debida audiencia del interesado. Los titulares de los órganos del Poder Ciudadano pueden ser removidos previo pronunciamiento del TSJ.
No obstante, en el caso de los titulares del Poder Ciudadano, si no se siguió el procedimiento correspondiente, o las designaciones se hicieron con menos de las 2/3 partes de sus integrantes (como lo manda la Constitución), cuando lo correcto era que el cargo debió ser sometido a elección popular, podríamos estar en un escenario de nulidad absoluta por inconstitucionalidad de las designaciones, que podría ser declarada por la propia AN. Lo mismo sucede si las designaciones recayeron sobre personas que no tengan las calificaciones o requisitos constitucionalmente establecido.
