03/08/2017
Pensiones en Chile (Artículo de El Norte)
VISIÓN ECONÓMICA / Salvador Kalifa
03 Ago. 2017
Existen dos variantes principales del sistema de pensiones para los trabajadores. El esquema solidario, de reparto o de beneficios definidos, administrado por una institución pública, y el esquema de cuentas individuales de capitalización y contribución definida, administrado básicamente por entidades privadas.
El esquema de reparto prevaleció en los países con sistemas de pensiones desde el inicio de éstos en Alemania a finales del siglo XIX. Por casi 100 años, funcionó apoyado en dos factores. Las aportaciones de los recién ingresados al sistema financiaron las pensiones de los trabajadores en retiro y la alta mortalidad a principios del siglo pasado por enfermedades y guerras, acortó la expectativa de vida.
La reducción en la tasa de natalidad y el alargamiento de la expectativa de vida con el progreso de los cuidados médicos, presionó la sostenibilidad del esquema de reparto y, en muchos casos, las pensiones se financiaron con cargo a las finanzas públicas.
Ante esas realidades, se han intentado alternativas al esquema de reparto. Una de ellas, que comenzó en 1981, se realizó en Chile, sustituyendo ese esquema por el de capitalización individual, a cargo de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Después, otros países de América Latina (México entre ellos) y de Europa del Este, principalmente, instrumentaron reformas similares. Es conveniente, por tanto, evaluar la experiencia del caso chileno para identificar los retos futuros que enfrentarán los sistemas más jóvenes como el nuestro, que comentaré la semana próxima.
Datos recientes de la Superintendencia de Pensiones (SP) en Chile indican que a junio de 2017 el valor total de los ahorros en los fondos de pensiones administrados por las AFP equivalió a 190.1 miles de millones de dólares, un 74.6 por ciento del valor del Producto Interno Bruto (PIB) anual. Los cotizantes totales al esquema de cuentas individuales representan poco más del 60 por ciento de la población económicamente activa.
En 2008, durante el primer período Presidencial de Michelle Bachelet, se modificó el sistema al eliminar la pensión mínima considerada inicialmente para los trabajadores que cumplieran los requisitos de cotización (20 años) y sustituirla por un "pilar solidario" que otorga una pensión a las personas de 65 años y más que se encuentren dentro del 60 por ciento de la población más pobre del país, independientemente de que hayan contribuido a las AFP. Adicionalmente, se introdujeron incentivos para elevar el ahorro voluntario y aumentar la participación de más personas en el sistema.
Casi tres décadas después del inicio del esquema de capitalización en Chile, un informe de la SP reconoció que: "Aun cuando este tipo de sistemas tiene una serie de fortalezas comparados con los tradicionales sistemas de reparto, por sí solos no resuelven el financiamiento de la invalidez o vejez en poblaciones donde hay una mala distribución del ingreso." ("El Sistema Chileno de Pensiones", Séptima Edición, 2010).
Un estudio de este año publicado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) destaca que: "Los ahorros bajos acumulados a lo largo del tiempo explican la insuficiencia de las pensiones. Las razones principales para ello son una tasa baja de contribución, interrupciones frecuentes en el empleo y, en el caso de las mujeres, una edad de retiro a los 60 años, que es relativamente baja. Adicionalmente, se proyecta un aumento de 5 años en la expectativa de vida durante los próximos 30 años, haciendo que el sistema no esté preparado para períodos más largos de retiro." (Santoro, Marika, "Pension Reform Options in Chile: Some Tradeoffs", Marzo 2017).
Ese estudio destaca que la tasa de reemplazo (cantidad recibida como pensión de retiro, respecto al último sueldo devengado por el trabajador) es actualmente de 34 por ciento para los afiliados al esquema de cuentas individuales. Como referencia, el promedio en los países con sistemas comparables de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico es de 53 por ciento.
Para encarar ese y otros retos, en esta segunda presidencia de Michelle Bachelet se integró un grupo de expertos (la llamada Comisión Bravo), que presentó en septiembre de 2015 varias recomendaciones para mejorar el sistema de pensiones. Destaca la de elevar gradualmente la tasa de aportación de los trabajadores del 10 al 15 por ciento del salario en un plazo de 10 años.
Es evidente que el sistema chileno tiene limitaciones que ameritan ser atendidas, lo que debe servir de guía para que se actualicen y corrijan con suficiente tiempo otros casos más recientes, como el de nuestro país que, con sus diferencias, se diseñó a partir del modelo chileno, pero donde la contribución de los trabajadores es apenas del 6.5 por ciento. Sobre esto comentaré la próxima semana.
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El Dr. Salvador Kalifa tiene Licenciatura en Economía por el ITESM, y Maestría y Doctorado en Economía por la Universidad de Cornell. Ha impartido cátedra en el CIDE, las Universidades Iberoamericana, Anáhuac (en la cual fue Director de la Escuela de Economía) y de Monterrey, así como en el ITESM. Fundó la empresa Consultores Económicos Especializados, que asesora en asuntos económicos a empresas nacionales y extranjeras.
