21/08/2026
REGULAR SÍ. PERSEGUIR A UNOS Y TOLERAR A OTROS, NO.
Insisto en la necesidad y urgencia de regular los centros de tratamiento para las adicciones, de establecer lineamientos claros, supervisión permanente y, sobre todo, garantizar que quienes ingresan a estos lugares sean tratados con dignidad y respeto a sus derechos humanos.
Pero también cuestiono a las autoridades:
¿Cuáles son los métodos y criterios con los que se está aplicando esta regulación?
Porque no basta con cerrar puertas. Hay que preguntarse qué sucede después con las personas que estaban ahí y, sobre todo, qué ocurre con aquellos establecimientos que han sido señalados reiteradamente por hechos mucho más graves.
En el caso de la red de centros relacionada con el lugar donde fue mi hijo Alejandro Garín Velazco, existen denuncias y carpetas de investigación abiertas. , También se han señalado otros casos graves, entre ellos el de , y situaciones similares.
Y, sin embargo, algunos de estos establecimientos continúan operando.
Mientras tanto, existen otros centros que, por cuestiones administrativas, burocráticas o por no pertenecer a determinadas redes, son objeto de inspecciones, cierres o clausuras, sin que necesariamente se les dé la oportunidad de corregir aquello que sea subsanable y trabajar dentro de la legalidad.
¿Dónde está el criterio uniforme?
¿Dónde está la misma exigencia para todos?
¿Dónde está la supervisión de quienes ya han sido denunciados por hechos graves?
Espero sinceramente que en este caso el problema sea únicamente de papeleo y cumplimiento administrativo, y que no existan otras irregularidades.
Porque si realmente queremos transformar el sistema, la regulación no puede convertirse en una herramienta para cerrar a unos mientras otros continúan operando.
Regular es necesario.
Supervisar es indispensable.
Pero hacerlo con justicia, transparencia y sin excepciones es una obligación.
No estamos pidiendo que se proteja a ningún centro.
Estamos pidiendo que se proteja a las personas.
Y mientras existan familias buscando respuestas por sus hijos, mientras existan denuncias abiertas y mientras haya establecimientos cuestionados que continúan funcionando, las autoridades tienen la obligación de explicar qué están haciendo y por qué.