13/02/2024
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La rápida digitalización económica ha generado complejidades en el control tributario, especialmente en plataformas digitales con operaciones transfronterizas. La falta de cumplimiento tributario y la ausencia de comunicación de rentas plantean desafíos para las administraciones fiscales, que carecen de información suficiente para evaluar adecuadamente las actividades comerciales en plataformas digitales, especialmente cuando estas operan desde otras jurisdicciones.
La Directiva (UE) 2021/514 del Consejo, adoptada el 22 de marzo de 2021, modifica la Directiva 2011/16/UE sobre cooperación administrativa en asuntos fiscales.
La modificación tiene como objetivo mejorar las disposiciones relacionadas con el intercambio de información y la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad, en respuesta a las iniciativas de la Unión Europea en materia de transparencia tributaria.
Se destaca la ampliación de las herramientas de cooperación entre las autoridades tributarias de los Estados miembros para combatir el fraude fiscal, la evasión y la elusión fiscal. Se incluyen nuevas obligaciones de comunicación de información, como aquellas relacionadas con cuentas financieras, acuerdos previos transfronterizos, acuerdos sobre precios de transferencia, informes por país y mecanismos transfronterizos.
La Directiva enfatiza la importancia del intercambio automático y obligatorio de información, incorporando los cánones definidos en otra Directiva como categorías de renta sujetas a este intercambio para fortalecer la lucha contra prácticas fiscales indebidas. Se hace hincapié en la inclusión del número de identificación fiscal (NIF) en la comunicación de las categorías de renta y patrimonio.
En relación con las plataformas digitales, se reconoce la complejidad del entorno fiscal, especialmente en la evaluación de la renta generada a través de estas plataformas. La Directiva aborda la falta de información adecuada para supervisar estas actividades y la carga administrativa adicional impuesta a los operadores de plataformas debido a normas nacionales divergentes. Se establece una obligación de comunicación de información para abordar estas cuestiones y garantizar el correcto funcionamiento del mercado interior, buscando equilibrio entre eficacia y simplicidad en las normas de comunicación de información.
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