07/03/2026
Escuchando las diversas propuestas de los diferentes candidatos tanto de los de la gran consulta como de otros candidatos que aspiran a la presidencia de Colombia periodo 2026-2030; considero que las propuestas no son integrales, algunas proponen bajar impuestos, reformas tributarias, desmontar o reformar las Eps, aumentar la UPC, dialogar con los grupos, etc, etc…
Propongo una propuesta sin pretender abarcar todos los temas, cómo una política consistente sobre estos frentes puede aliviar déficit/deuda sin “reformas tributarias lesiva” y puede llegar a constituirse en una fuente importante de ingresos para financiar los diversos programas de un gobierno centrado en gobernar para la mayoría de los colombianos y no para las élites del poder político, económico y social como ha sido costumbre en los últimos 205 años, que históricamente han ocasionado una crisis estructural en Colombia que afecta todos estamentos de la sociedad Colombiana.
Considero que para no seguir con los mismos y las mismas se requiere un acuerdo nacional, sentar a dialogar a los empresarios, los políticos sin importar su tendencia ideológica, trabajadores y sindicatos, los representantes de los movimientos populares, etc.. para generar planes de desarrollo a largo, mediano y corto plazo que busquen realmente promover el desarrollo del país ,centrado en solucionar los problemas estructurales de Colombia con énfasis en la mayoría de los Colombianos y en gobernar para las elites económicas, políticas y sociales ( 5% de los Colombianos).
REFORMA ESTRUCTURAL DEL ESTADO Y SANEAMIENTO FISCAL EN COLOMBIA
Un enfoque integral: anticorrupción, formalización, lucha contra el contrabando y lavado de activos, seguridad económica y fortalecimiento del predial rural, racionalización del Estado y fortalecimiento de la producción nacional
Durante los últimos 25 años, Colombia ha enfrentado un dilema fiscal recurrente: déficits estructurales, aumento de la deuda pública, presión por reformas tributarias sucesivas y persistencia de la pobreza y la desigualdad.
Sin embargo, el problema no es exclusivamente de “bajo recaudo”. Es, fundamentalmente, un problema de: alta evasión tributaria, corrupción estructural, contrabando y economías ilegales, costos económicos del crimen, rezago catastral y subutilización del impuesto predial, y debilidad institucional territorial.
El presente análisis sostiene que una política consistente orientada a corregir estas fallas podría generar un impacto fiscal estructural equivalente o superior al de múltiples reformas tributarias, sin necesidad de aumentar de manera regresiva la carga sobre la clase media y trabajadora.
I. Corrupción: drenaje de recursos públicos y distorsión económica.
Colombia mantiene puntajes bajos en el Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional (37/100 en 2024).
Informes recientes de Transparencia por Colombia han señalado que entre 2016 y 2022 se comprometieron más de $137 billones en hechos asociados a corrupción contractual, con pérdidas directas estimadas superiores a $21 billones.
Más allá del monto directo, el efecto estructural es: sobrecostos en infraestructura, ineficiencia del gasto social, reducción de la productividad pública, desconfianza inversionista. Desde la teoría económica institucional, la corrupción actúa como un impuesto implícito regresivo que reduce crecimiento potencial.
II. Evasión tributaria: el espacio fiscal no explotado.
Estimaciones técnicas basadas en trabajos del Banco de la República y de la Comisión de Expertos han señalado: evasión de IVA cercana a 1,9% del PIB, evasión de renta corporativa cercana a 2% del PIB, importantes brechas en renta de personas naturales. En conjunto, la evasión en estos rubros puede rondar aproximadamente el 3–4% del PIB en términos agregados.
Recuperar solo una fracción (25–30%) podría generar ingresos equivalentes a una reforma tributaria estructural sin elevar tarifas generales.
La clave no es subir impuestos, sino cerrar la brecha tributaria (tax gap).
III. Contrabando y lavado de activos.
El contrabando erosiona el IVA, los aranceles e impuestos al consumo, además de destruir la competencia formal.
El lavado de activos: distorsiona mercados, facilita la evasión, captura la contratación pública y financia estructuras criminales.
Una política coordinada DIAN–UIAF–Fiscalía con trazabilidad patrimonial y control aduanero inteligente puede reducir significativamente esta economía paralela.
IV. Narcotráfico y crimen organizado: costo macroeconómico.
Datos de UNODC han mostrado aumentos recientes en producción potencial de co***na y expansión de cultivos.
Estudios económicos estiman que el costo directo e indirecto del crimen puede superar 3% del PIB anual.
La violencia funciona como: impuesto criminal por extorsión, prima de riesgo para la inversión, freno a la productividad regional.
Reducir estos costos tiene un impacto fiscal doble: menor gasto y mayor crecimiento.
V. El factor estructural olvidado: actualización del predial rural.
1. Rezago histórico
En múltiples municipios de Cundinamarca, Antioquia, Valle del Cauca, Costa Caribe y otras regiones: los avalúos catastrales tienen décadas de atraso, grandes extensiones rurales pagan cargas fiscales marginales y se mantiene alta concentración de la propiedad.
El impuesto predial, diseñado como tributo patrimonial progresivo, termina siendo débil en los sectores de mayor patrimonio territorial.
2. Catastro multipropósito
La política de Catastro Multipropósito busca reducir rezagos y actualizar información territorial.
Sin embargo: actualizar información no garantiza recaudo, la gestión de cobro municipal es determinante, la resistencia política local es significativa.
3. Ventajas económicas del predial
Desde la teoría fiscal: es un impuesto sobre la riqueza inmóvil; genera menos distorsión productiva que el IVA o la nómina; permite progresividad sin afectar el empleo.
Un fortalecimiento del predial rural bien diseñado puede: ampliar la base tributaria territorial, reducir la dependencia de transferencias, incentivar el uso productivo del suelo, desincentivar la especulación improductiva.
VI. Racionalización del Estado y fortalecimiento de la producción nacional: dos pilares para el saneamiento fiscal y el desarrollo económico en Colombia
Además de los anteriores factores, hay también dos que contribuyen a ampliar el debate fiscal colombiano, como una estrategia fiscal verdaderamente estructural debe considerar no solo los ingresos del Estado, sino también la eficiencia del gasto público y el fortalecimiento de la base productiva nacional. En este contexto, dos factores adquieren especial relevancia: la racionalización del aparato burocrático y la promoción de la producción nacional mediante políticas inteligentes de sustitución de importaciones.
En primer lugar, la estructura administrativa del Estado colombiano ha experimentado una expansión progresiva durante las últimas décadas. La creación de nuevas entidades, agencias y programas públicos, muchas veces con funciones parcialmente superpuestas, ha contribuido a aumentar el gasto de funcionamiento y a generar duplicidades institucionales. Esta proliferación burocrática no siempre se ha traducido en mayor eficiencia del Estado ni en mejores resultados en la provisión de bienes públicos.
Una política orientada a la racionalización institucional podría contribuir significativamente a mejorar la sostenibilidad fiscal. Entre las medidas posibles se encuentran la fusión de ministerios y entidades con competencias similares, la eliminación de agencias redundantes y la reorganización administrativa basada en criterios de eficiencia y evaluación de desempeño. Asimismo, la digitalización de procesos administrativos y la simplificación de trámites permitirían reducir costos operativos, mejorar la productividad del sector público y liberar recursos que podrían destinarse a inversión social y productiva.
Es importante subrayar que reducir burocracia improductiva no implica debilitar al Estado. Por el contrario, se trata de fortalecer su capacidad de acción mediante una estructura institucional más ágil, eficiente y coherente. Un Estado que administra mejor sus recursos aumenta su legitimidad frente a los ciudadanos y fortalece la confianza en el sistema fiscal.
El segundo elemento estratégico se relaciona con la necesidad de impulsar la producción nacional y la diversificación económica. Durante décadas, la economía colombiana ha mantenido una elevada dependencia de importaciones en numerosos sectores productivos. Esta situación no solo afecta la balanza comercial, sino que también limita la generación de empleo industrial y la consolidación de cadenas productivas internas.
Una política moderna de sustitución de importaciones no debe confundirse con esquemas proteccionistas rígidos del pasado. Su objetivo no es cerrar la economía, sino desarrollar capacidades productivas nacionales competitivas, capaces de sustituir importaciones en aquellos sectores donde existen ventajas potenciales o posibilidades de innovación tecnológica. Sectores como la agroindustria, la manufactura especializada, la industria farmacéutica, los insumos agrícolas, la producción de maquinaria ligera y los servicios tecnológicos representan oportunidades relevantes para fortalecer la producción interna.
El fortalecimiento de la producción nacional tiene múltiples efectos positivos. En primer lugar, contribuye a generar empleo formal y a ampliar la base tributaria sin necesidad de aumentar las tarifas impositivas. En segundo lugar, permite reducir vulnerabilidades externas asociadas a choques en los mercados internacionales. Finalmente, promueve procesos de innovación, encadenamientos productivos y desarrollo regional.
La articulación entre una política de racionalización del gasto público y una estrategia de fortalecimiento productivo nacional puede generar efectos sinérgicos sobre la economía. Mientras la reducción de burocracia improductiva mejora la eficiencia del Estado y libera recursos fiscales, el impulso a la producción nacional contribuye a expandir el crecimiento económico y a ampliar la base de ingresos públicos.
En conjunto, estas medidas refuerzan el argumento central de esta propuesta: la sostenibilidad fiscal de Colombia no depende exclusivamente de nuevas reformas tributarias. También requiere mejorar la calidad institucional del Estado y fortalecer la estructura productiva del país. Solo mediante un enfoque integral que combine eficiencia administrativa, justicia fiscal y desarrollo económico será posible avanzar hacia un modelo de crecimiento más equitativo y sostenible.
VII. Integración de impactos fiscales potenciales
Si se combinan: recuperación parcial de evasión (≈1% del PIB), reducción de sobrecostos por corrupción, disminución del costo económico del crimen, fortalecimiento del predial rural y urbano, formalización productiva.
El efecto acumulado puede: reducir el déficit estructural, contener el crecimiento de la deuda pública, disminuir presión por reformas regresivas, mejorar inversión social efectiva.
VIII. Condiciones de viabilidad política y técnica
Para evitar efectos confiscatorios o desincentivos:
1. Gradualidad en actualización predial.
2. Protección a pequeños productores.
3. Progresividad real en grandes extensiones improductivas.
4. Transparencia en destino del recaudo.
5. Estabilidad normativa para inversión productiva.
6. Enfoque en combatir evasión sofisticada antes que subir tarifas.
El debate fiscal colombiano no puede reducirse a “más impuestos o menos impuestos”.
El problema central es estructural: alta economía ilegal, debilidad institucional, subgravación patrimonial territorial, Ineficiencia del gasto, captura criminal, racionalización del Estado y fortalecimiento de la producción nacional
Una estrategia integral que ataque estos frentes puede generar un saneamiento fiscal progresivo y sostenible.
No se trata únicamente de recaudar más, se trata de recaudar mejor, gastar mejor y formalizar mejor.
El fortalecimiento del predial rural y la actualización catastral constituyen una pieza clave dentro de esta arquitectura de reforma estructural.
